Salaverry: Privatización, oportunidades y amenazas

Comparto con ustedes el discurso del sociólogo Juan Gamarra Nieto leído en el conversatorio organizado por el Dpto. de Humanidades UPN "Salaverry: Privatización, oportunidades y amenazas" que se realizó el jueves 19 de Noviembre en el Colegio de Contadores Públicos de Trujillo.

Entre los invitados al conversatorio estuvieron el general Roberto Chiabra (Lima); Gustavo Gutiérrez Vigil, ex presidente del sindicato de ENAPU a nivel nacional; José Cabrera, Frente de Defensa de Desarrollo de Salaverry; Víctor León Álvarez, vicepresidente regional y César Olea Gonzalez, jefe de la oficina de Autoridad Portuaria Nacional.

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Universidad, Investigación y desarrollo local

Buenas tardes (noches), agradezco al departamento de Humanidades de la Universidad Privada del Norte por la invitación a participar en este conversatorio para exponer nuestros puntos de vista desde una visión crítica, objetiva y científica sobre el tema de la concesión del Puerto Salaverry. Tema que por su naturaleza los alumnos aquí presentes pueden abordar ya sea la Metodología de la Investigación, Historia, Realidad Nacional, Filosofía, Ética; etc.

Para el desarrollo de mi exposición la he organizado en tres partes:

Antecedentes; donde brevemente hago una revisión breve de la historia de los procesos de privatización en América Latina y el Perú, ¿Quo vadis Salaverry? Un ejercicio reflexivo a la luz de la experiencia de lo ocurrido hace poco con la concesión de Paita; y Conclusiones y recomendaciones.

Introducción: Universidad, actores y globalización

Ignacio Ellacuría expresó alguna vez que “…la Universidad es una realidad social y una fuerza social, marcada históricamente por lo que es la sociedad en la que vive y destinada a iluminar y transformar, como fuerza social que es, esa realidad en la que vive y para la que debe vivir” Ignacio Ellacuría, S.J., Discurso en la Universidad de Santa Clara, 12 de junio de 1982; “Una universidad para el pueblo”, Diakonia 6: 23 (1982), 41-57.

La universidad tiene como ámbito la enseñanza superior. Sus campos son: no son solo la formación de profesionales, también es la investigación, la proyección a la comunidad. Por lo tanto es una institución estratégica para el desarrollo local, regional, nacional y porque no decirlo de la humanidad en general.

Unos de los fines de las Universidades es: Realizar investigación en las humanidades, las ciencias y las tecnologías y fomentar la creación intelectual y artística (Inc. B, art. 2°, Ley Universitaria 23733). Así como rige su actividad por los principios:

a) La búsqueda de la verdad, la afirmación de los valores y el servicio a la comunidad.
b) El pluralismo y la libertad de pensamiento, de crítica, de expresión y de cátedra con lealtad a los principios constitucionales y a los fines de la correspondiente universidad;
c) El rechazo de toda forma de violencia, intolerancia, discriminación y dependencia (Art. 3°)

Es en mérito a estos fines y principios que enmarco mi participación en este conversatorio.

Por otra parte se ha dicho siempre que la universidad vive de espaldas a la realidad, lo cual siendo honestos así ha sido, pero no siempre, y menos como algo generalizado.

Este evento demuestra todo lo contrario: la preocupación por un tema fundamental para los liberteños y el Perú en general, abierto en un espacio de pluralidad en el que hemos escuchado diferentes voces, posiciones y criterios. Pues la sociedad es como el gran teatro del mundo de Calderón de la Barca y este teatro se llama Perú. Una serie de actores se dan en esta realidad: los trabajadores portuarios, los empresarios, las entidades del gobierno, las FFAA; los inversionistas extranjeros, los organismos multilaterales, las universidades, el pueblo en general, etc. Todos con intereses, necesidades y objetivos diferentes, por lo que es natural que se generen muchas veces conflictos. La triste experiencia de Bagua nos debe de llevar a una profunda reflexión en la forma de cómo debemos de actuar, abiertos y tolerantes, buscando la concertación de ideas, esfuerzos y objetivos en bien de todos, lo que se denomina el ganar-ganar. En el fondo eso es la política como ciencia: la búsqueda del bien común. Lamentablemente hoy se ha trastocado el verdadero sentido de este término y en varias ocasiones no se quiere ni pronunciar como si fuera un tabú.

Por otra parte es necesario indicar que todo lo que ocurre en el Perú no es una isla y por lo tanto se ve influenciado por el proceso de globalización, que a su vez tiene una gran influencia del sistema de mercado y su lógica. Así la globalización se despliega de una forma irresistiblemente invasora, extendiéndose sobre todas las demás áreas de la vida humana.

El mercado, con esa lógica suya de buscar constantemente la maximización del beneficio individual, es capaz de resolver todos los problemas, incluso los situados fuera de la esfera del mercado, así uno pasa de la economía de mercado a la sociedad de mercado. ¿Con cuánta frecuencia escuchamos que la empresa, privada, es la única institución competente y el único modelo válido para resolver los problemas sociales? De ahí que esa especie de carrera para privatizar los servicios públicos esté de moda.

La globalización exige, por el modelo que la maneja, el libre mercado, rechazando cualquier interferencia del Estado en la iniciativa privada, se opone a planes sociales, desconoce el valor de la solidaridad y sólo acepta las leyes del mercado, un mal ejemplo ha sido la crisis económica mundial que hoy vivimos, tanta desregulación, tanto libertinaje en las finanzas; que ahora todos pagamos la irresponsabilidad de unos pocos: los Madoffs de la economía y finanzas. En el fondo reflejo de otra serie crisis: la crisis moral.

La reducción del ser humano a productor/consumidor y la sumisión de la sociedad a la lógica del mercado, de alguna forma hace aceptable, o lo que es peor, hace pasar desapercibida, la violación de la dignidad humana de millones de personas. Entonces ya debemos estar alertas que no solo se transita por el campo de la economía sino también por el de la ética. Por lo tanto la globalización debe ser bien gestionada, de tal forma que produzca buenos frutos, a la vez que se controlan sus efectos negativos.

Hasta aquí el marco introductorio del tema que nos reúne.

I. Antecedentes:

El proceso de privatización:

De acuerdo al estudio: Evaluación del impacto de las privatizaciones y concesiones en Perú 1990-2006 (Junio de 2009) realizado por MACROCONSULT se señala lo siguiente:
“América Latina acometió una oleada de privatizaciones en los años 90. Siendo sus causas:

- El deterioro en la cobertura y la calidad del servicio de muchas empresas públicas

- Las fuertes pérdidas que experimentaban, que se traducían en déficit públicos elevados

- El mantenimiento de tarifas poco realistas y subsidios excesivos

- Un empleo en las empresas públicas, protegido, sobredimensionado y con privilegios

- Serias deficiencias en las infraestructuras públicas.

En los primeros años de la década de los 90 Perú inició un ambicioso proceso de privatización, el segundo en volumen de Latinoamérica, que transformó radicalmente su economía:

Evaluación del impacto de las privatizaciones y concesiones en Perú 1990-2006 (Junio de 2009) realizado por MACROCONSULT

Balance del proceso de las privatizaciones es controvertido:

MACROCONSULT indica que “Las privatizaciones han perdido popularidad en Latinoamérica desde finales de los años 90. Perú no es la excepción. En parte debido a esta escasa popularidad, la privatización en Perú perdió impulso en la década presente, de manera que algunos de los procesos quedaron incompletos frente a los planes iníciales”. Recordemos que en el gobierno del presidente Toledo se quiso retomar y fue frenado por el “arequipazo”. Sin embargo el presidente Alan García retoma el proceso de privatización empecinado en el continuismo neoliberal, bajo la forma de concesiones (aeropuertos y 8 puertos).

Si bien existe clara evidencia de las mejoras de cobertura, calidad de los servicios y eficiencia de las empresas privatizadas, el incremento de tarifas y las reducciones iníciales del empleo que indujeron a una cierta insatisfacción popular; también hay evidencia desigual sobre el impacto en la distribución de la renta. La aplicación de un sistema legal laboral muy flexible, la terciarización del empleo, etc. son elementos que hay que considerar en el análisis también. Otros aspectos que tampoco hay que dejar de lado es la ausencia de un plan estratégico de desarrollo nacional y por otra parte que no todas las empresas estatales se encontraban en rojo o eran malas administradoras, etc. Ejemplo presentando a Enapu como una empresa deficitaria cuando no lo es, pues, por ejemplo, Callao ha sido considerado por dos años consecutivos como el puerto número uno del Pacífico Sur por haber registrado el ingreso de un millón 200 mil contenedores por año, superando a puertos como Valparaíso, que tiene una infraestructura mucho más moderna, y San Antonio, en Chile, y Manta y Guayaquil, en Ecuador. Paita también arroja cifras en azul ¿Entonces que hay detrás de esta privatización bajo la modalidad de concesión?.

El impacto macroeconómico fue una mejoría en las cuentas del Estado, las privatizaciones y concesiones generaron un proceso de apertura de mercados, las empresas privatizadas acometieron procesos de mejoras operativas que impulsaron sus resultados y su eficiencia; hubo un positivo efecto de arrastre sobre las empresas que continuaron en manos del sector público; más la población no sintió en los bolsillos y sus estómagos los beneficios. Todos recuerdan la etapa de corrupción de los ’90 y lo hoy todos observamos es que esta situación continua (antes fueron los videos de Montesino, hoy son los audios de Rómulo León).

Procesos que no tienen en cuenta políticas incluyentes y formuladas de manera democrática lamentablemente no son sostenibles en el tiempo. Se generan conflictos, se pone peruano contra peruano y el desarrollo sigue esperando.

Los procesos de privatización y concesiones, son actualmente realizado por PROINVERSIÓN con la asesoría de técnicos del sector privado altamente especializados (consultores, abogados, banqueros de inversión); y apoyo de organismos multilaterales como parte del Programa de Ajuste Estructural que diseñaron el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial; todo esto en el marco del famoso y triste consenso de Washington. ¿Y la participación de otros actores?, por ejemplo los trabajadores, el mundo académico, etc. Por lo tanto estos procesos se han definido desde la óptica del mercado y obviamente desde una corriente ideológica, por todos conocida. Uno de los ejes del decálogo del Consenso de Washington – que es la expresión del neoliberalismo -, es la privatización de las empresas públicas.

Por otra parte es bueno recordar que el Perú se precia de ser un país democrático y por ende la participación de todos los actores debería ser el principal ingrediente en la construcción de una visión y proceso de desarrollo en el que se involucren todos los ciudadanos a través de sus organizaciones.

Evaluación del impacto de las privatizaciones y concesiones en Perú 1990-2006 (Junio de 2009) realizado por MACROCONSULT

¿Concesionar o no concesionar?

Thats the question, al parecer la disyuntiva hamtleriana (to be or not to be), se repite en la historia nacional.

Concesionar ¿Para qué? Para hacer algo nuevo, moderno, eficiente, eficaz y por supuesto también debe ser transparente.

Sin embargo las concesiones nuestras de cada día se otorgan no para construir algo nuevo (donde el inversionista privado pone de la suya), un ejemplo es la concesión de la línea de transmisión eléctrica Mantaro-Socabaya, ganada por Hydro Quebec, donde invirtió US$ 179 millones, que recuperó con el peaje de la transmisión, una vez terminada la obra. Otra cosa es concesionar para otorgar una empresa o infraestructura ya existente.

Esto de las concesiones de carreteras, puertos y aeropuertos ya construidos a empresas privadas comienza a aparecer como lo que es: un mecanismo para que se enriquezcan los concesionarios a costa del público usuario.


Paita ¿el espejo en que debe de mirarse Salaverry?

El caso de la concesión de Paita, debe ser el mejor espejo para ver la situación de lo que puede suceder con Salaverry. Algo parecido también ocurrió con la concesión de la carretera Pativilca-Trujillo, donde los concesionarios reciben infraestructura construida con nuestros impuestos, todavía no han invertido ni un sol y ya están subiendo las tarifas y los peajes.

La firma del contrato de la concesión del Puerto de Paita con el consorcio Terminales Portuarios Euroandinos (TPE), debió suscribirse el 14 de setiembre, sin embargo esta firma se adelantó en un contexto sumamente polémico.

Recordemos que los cuestionamientos al contrato tienen larga data. Por un lado, resulta alarmante el Decreto de Urgencia (DU 047-2008) emitido por el Poder Ejecutivo el año pasado, mediante el cual limita el poder de fiscalización de la Contraloría General de la República, únicamente, al diseño de la transacción y el proceso de promoción de la inversión privada, pese a que la Ley Orgánica de la Contraloría (artículo 6º) le da facultades para efectuar la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública, en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado. Este Decreto de Urgencia ata de manos la labor de la Contraloría. Por esta razón, la Contraloría ha emitido el oficio N.00929-209-CG/VC donde informa las formalidades de la concesión, pero no cuestiona nada ya que no tiene facultades para ello.

Pero lo más escandaloso es que se hayan hecho 40 enmiendas al contrato para favorecer a la empresa TPE. Esto evidencia la intención por beneficiar al comprador desde un inicio. Por otro lado, TPE es una empresa que no tiene el capital suficiente requerido como aval para una concesión como esta y, lo que resulta más importante, tiene capital chileno pues es socia del consorcio chileno Von Appen. Esto último resulta fundamental pues hay un tema de soberanía pasado por alto, que adquiere mayor importancia en vista de la posición geopolíticamente estratégica del puerto de Paita.

Proinversión adelantó la fecha de entrega de la concesión.

En la mañana del miércoles, en la comisión del Congreso de Transportes y Comunicaciones, la congresista Marisol Espinoza hizo mención a la falta de transparencia en todo el proceso de concesión del Puerto de Paita, lo cual enojó a la directora ejecutiva de Proinversión, Cayetana Aljovín. Debido a este altercado se suspendió la sesión; sin embargo, a las 7 de la noche del mismo día se estaba firmando el cuestionado contrato.

Al día siguiente de la privatización-concesión del Puerto de Paita a Terminales Portuarios Euroandinos (TPE), la empresa encareció los costos de manera brutal. Según la Agencia Peruana de Agentes Marítimos (APAM), el costo de un contenedor de 20´ (pies) subió 408% y el contenedor de 40´ nada menos que 480% (ver cuadro). Dammert M.

TPE quiere esconder esta alza diciendo que los costos disminuyen debido a que sus nuevas tarifas “integran” aquellos que existían antes. Pero las cifras de APAM son concluyentes. Y eso no es todo pues falta agregar los Derechos de Embarque, que han subido de US$ 507 a 937 por contenedor, es decir 85%.

APAM está sumamente preocupada pues la situación actual lleva a su desaparición ya que el monopolio busca realizar todas sus actuales actividades. ¿Tienen razón o no?

Sin embargo ahora los ministros de Economía y de Transportes han protestado por el “tarifazo”. Pero, cuidado los ministros Carranza y Cornejo forman parte del Consejo Directivo de Pro Inversión (junto con Energía, Vivienda y Producción). Entonces, ¿Luis Carranza, presidente de ese Consejo Directivo, no sabe qué es lo que hace la directora ejecutiva que él nombró? ¿Qué es esto?.

En el plano contractual, las quejas no cesan. Papelito manda, veamos algunas perlas:

Sucede que el aumento de los servicios regulados estaba incluido en el Anexo 5 del Contrato. El problema, entonces, es de origen: el monopolio puede aumentar tarifas desde el día 1 sin que haya realizado inversiones. Esto, a su vez, genera otros aumentos en los servicios no regulados y en las tarifas de las navieras. ¿Qué les parece?

Pero eso no es nada, solo es una pequeñez, esta concesión-privatización indica que el nuevo inversionista hará obras por US$ 127 millones (las más importantes: el dragado del puerto, el patio de contenedores, los rellenos, una grúa pórtico de muelle, dos grúas pórtico de patio, mejoramiento de suelos y el amarradero de 300 metros de largo). Veamos el acápite 6.11 del Contrato que dice que la Construcción de las Obras Mínimas “deberá iniciarse a más tardar a los 30 días, contados a partir del momento en que se cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones”. ¿Cuáles son esas? La primera es que la Autoridad Portuaria Nacional (APN) designe al Supervisor del Expediente Técnico. Para eso tiene un plazo de cuatro meses.

Después de nombrado el Supervisor, TPE tiene que entregar el Expediente Técnico en un plazo de 10 meses (Cláusula 6.3). Luego, la APN tiene 2 meses de plazo para aprobarlo y TPE tiene 30 días para responder a las observaciones, las cuales serán contestadas por la APN en un plazo de 30 días. Ojo que ya van 19 meses.

Solo después viene el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que deberá ser presentado por TPE a la Autoridad Ambiental Competente (Cláusula 12.8) en un plazo de dos meses, previéndose una prórroga de un mes adicional. Luego, la Autoridad Ambiental tiene un mes para contestar.

Hasta aquí ya transcurrieron 22 meses sin que comience la inversión, plazo que seguramente se ampliará a pedido de las partes aduciendo “problemas”. La cuestión es que, mientras tanto, TPE estará “haciendo caja” con los S/. 12 millones anuales de utilidades de Paita, que van a aumentar por el “tarifazo”.

No solo eso. El contrato prevé Ingresos Mínimos Anuales Garantizados (IMAG) para TPE (Cláusula 10.1.2) por un total de US$ 330 millones para las Etapas 1 y 2, los cuales salen “sí o sí” del Presupuesto de la República, aun cuando los ingresos efectivos de TPE sean menores. En otras palabras, TPE está blindada de cualquier riesgo.

La cuestión es que ese contrato es “inmejorable” porque no se le puede mejorar, ya que la Cláusula 8.23 dice: “Las Partes declaran su compromiso de mantener a lo largo de todo el periodo de duración del Contrato el equilibrio económico-financiero de este”. Esto quiere decir que si, digamos, se quiere rebajar el “tarifazo”, TPE exigirá que se le compense con alguna otra medida para restablecer el equilibrio económico-financiero.

Ositran, el órgano regulador, que solo se ocupa de los servicios regulados. Ante las quejas generalizadas, dicen que “en el caso de los servicios especiales o tarifas no reguladas, la cláusula 8.18 establece que el concesionario tendrá derecho a cobrar un precio. Entre las tarifas no reguladas está el aforo de contenedores” (Ositran, Comunicado 16/10/09). Mira, pues.

Hay mucho más. Por ejemplo, se ha considerado a Paita como Proyecto No Sostenible (cuando genera utilidades), con lo cual el concesionario accede a Ingresos Mínimos Anuales Garantizados, que le aseguran la rentabilidad y que el MEF tiene que pagar sí o sí (ver Privatización de Paita: Así, cualquiera de Humberto Campodónico, (www.cristaldemira.com, 21/03/09).

La cuestión de fondo es que Paita tiene importancia estratégica para las exportaciones de todo el norte peruano, su vinculación con Brasil (Interoceánica) y la relación con el Asia. En ese marco competimos con puertos de países vecinos como Chile y Ecuador. Por lo tanto Paita no es cualquier cosa pero los términos contractuales así lo presentan.

Pero sucede que uno de los socios de TPE es el grupo Cosmos. Dice Alan Fairlie: “El grupo chileno Von Appen tiene el 100% de las acciones de la empresa Cosmos y de Transtotal (desarrolla servicios portuarios y agencia marítima, y es broker de carga) (ver “Relaciones Económicas Perú-Chile: Integración o Conflicto”, CISEPA, 2007).

En un reciente libro, La República Lobbysta, Manuel Dammert dice que esos hechos no son producto de la casualidad. Afirma que “la élite de esta República Lobbysta abandona desde la partida a la nación y la soberanía, superpone la función pública con la actividad privada. Utiliza la gestión pública para gestionar intereses privados globales. Su rol se reduce a obtener los ingresos que corresponden, estrictamente, a la intermediación de las estrategias de grandes negocios privados, sin que existan planes ni políticas públicas en función del interés nacional”.

Agrega: “Es una élite a la que no le interesa ser empresaria productiva, ni invertir los excedentes en ampliar la acumulación, innovar en productividad, mejorar el capital humano social e institucional. Solo busca obtener su parte alícuota del gran negocio de alguna estrategia privada que no les incumbe, no les interesa”.

Con este enfoque Dammert analiza en detalle dos sectores estratégicos en el siglo XXI: puertos y energía. Después de una prolija investigación, llega a la conclusión que los lobbystas no tienen como objetivo desarrollar los grandes ejes de integración continental, poniendo en marcha ciudades-puerto con zonas económicas de valor agregado logístico. Por el contrario, se busca liquidar a ENAPU y desarticular el sistema portuario para entregar dicha infraestructura a intereses extranjeros. Por ese camino también va el proceso del Callao con DPW, le han puesto fecha a la subasta: abril del 2010, cuando entre en operación el muelle Sur de DPW y capture el 80 o 90 % de las cargas que gestiona ahora Enapu y que perderá si se mantiene el sabotaje del MTC de no darle VB para la adquisición de dos grúas (Ver anexo de actos preocupantes del MTC en relación a este proceso).

En todo este escandaloso proceso están comprometidos Preinversión, la Autoridad Portuaria Nacional y el ministro de Transportes y Comunicaciones; es decir, el Gobierno, por lo tanto se hace necesario transparentar el proceso. Los especialistas y conocedores del tema ya hablan de un “faenón portuario”. La experiencia demuestra que en toda privatización ha habido corrupción, sino recuerden uno de los últimos casos el del petróleo más conocido como el faenón y sus petroaudios.

II.
¿Quo vadis Salaverry?

A dónde va Salaverry

Según Frank Boyle Alvarado, presidente del directorio de la APN, el ideal es que para se cumpla el proceso de concesión, se exige la elaboración de un plan maestro en el que también participen, brindando sus puntos de vista, autoridades regionales y locales, así como los propios trabajadores portuarios (Ver ficha de Pto. Salaverry bajada de web de PROINVERSIÓN).

Se busca es modernizar Salaverry, de tal manera que pueda ser un puerto atractivo para el ingreso de embarcaciones tres veces más grandes que las que actualmente arriban. Con la concesión se realizarán inversiones a corto plazo, las cuales permitirán atender la carga creciente que proviene de la agroindustria y de las mineras.

Con la modernización se podrá beneficiar el área de influencia de La Libertad, constituida por las regiones vecinas de Cajamarca, Lambayeque, San Martín y la zona norte de Áncash.

Sin embargo es necesario mencionar aquí y ahora que al parecer no sería necesario privatizar Salaverry. El estudio titulado “Servicios de Consultoría para los Proyectos de los Terminales Portuarios de Salaverry y Chimbote: Necesidades de Infraestructura y Equipamiento Portuario / Informe Nº 4: Final – Terminal Portuario de Salaverry”, elaborado por la consultoría del consorcio Royal Haskoning - Indesmar (publicado en exclusiva por La Primera), recomienda que se invierta 159 millones 046 mil 636 dólares, incluido IGV, para modernizar Salaverry. Los 159 millones de dólares para mejorar el terminal de Salaverry se gastarán de forma escalonada y no en un solo momento (En el corto plazo (2009 – 2011) 38 millones 985 mil dólares; en el mediano plazo (2012 – 2025), 68 mil 537; y en el largo plazo (2026 – 2038), 51 millones 523 mil).

Estudio ha generado diversas reacciones a favor de que el Estado siga administrando dicho terminal a través de la Empresa Nacional de Puertos (Enapu) y no entregarlo en concesión. Si Enapu tiene rentabilidad, ¿por qué sus recursos económicos no se reinvierten? ¿Qué es lo que hay en el fondo de todo esto?

III. Conclusiones y recomendaciones:

El proceso que se desarrolle para la modernización y puesta en competitividad del puerto de Salaverry será una oportunidad o amenaza dependiendo de la forma como se planteen las condiciones técnicas, económicas y sociales. En la medida que se de una amplia participación de todos los actores involucrados para buscar plantear el mecanismo más adecuado, y por sobre todo se maneje con total transparencia.

MACROCONSULT, en el documento ya antes mencionado, Evaluación del impacto de las privatizaciones y concesiones en Perú 1990-2006 (Junio de 2009), refiere de la importancia de tener coherencia en la formulación y aplicación de las políticas públicas (ver cuadro).

Evaluación del impacto de las privatizaciones y concesiones en Perú 1990-2006 (Junio de 2009) realizado por MACROCONSULT

Así como considerar ciertos aspectos respecto a los procesos de privatización y concesión en el futuro (ver cuadro).
Evaluación del impacto de las privatizaciones y concesiones en Perú 1990-2006 (Junio de 2009) realizado por MACROCONSULT

A partir de todo lo aquí se ha mencionado podemos indicar que:

• Gobierno con sus acciones acabó con la libre competencia en los puertos públicos. Porque impone un monopolio, con mecanismos de discriminación no tarifaria y que es una amenaza directa a la producción, el comercio y el empleo en la nación. Porque no habrá inversión fresca (TPE hará caja con las utilidades actuales); Porque se lesiona la competitividad de los exportadores regionales. Porque no es posible que obras tan simples y necesarias para la mejora de la productividad y de la competitividad, de un lado, tarden tanto y, de otro, que el financiamiento salga de las mismas tarifas portuarias de los exportadores.

• Porque es inconstitucional, se ha cercenado de manera ilegal la condición interoceánica del Puerto de Paita, afectando los intereses geopolíticos de la Nación.

• Contratos tienen que renegociarse y/o anularse (el de Paita)

• Deben abrirse procesos de investigación a todos los involucrados.

• Modernización competitiva sí pero con afirmación nacional geopolítica (Los puertos son un nexo territorial, que entrelaza al Perú con el resto de América del Sur y con el mundo, son además centros de actividad logística, nexos y ejes de desarrollo

• Hay que fortalecer y modernizar Enapu, reinvirtiendo utilidades y en alianza de consorcios regionales; y convocando a la inversión de socios privados internacionales con recursos propios para nueva infraestructura en los principales puertos públicos de la nación (alianza estratégica de riesgo compartido con grandes inversionistas privados, con condiciones favorables para los intereses económicos, sociales y de defensa nacional. Hay varias formas que están contenidas en la ley de puertos).

• Que se debata el proyecto de ley 1648, que duerme el sueño de los justos en el Congreso.

• Que se derogue el Decreto de Urgencia (DU 047-2008) emitido por el Poder Ejecutivo el año pasado, porque limita el poder de fiscalización de la Contraloría General de la República, únicamente, al diseño de la transacción y el proceso de promoción de la inversión privada, pese a que la Ley Orgánica de la Contraloría (artículo 6º), le da facultades para efectuar la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública, en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado. Este Decreto de Urgencia ata de manos la labor de la Contraloría.

• Urgente la instalación de la Autoridad Portuaria Regional de La Libertad. Gobierno Regional de La Libertad debe de exigir la instalación de la Autoridad Portuaria Regional, necesaria para que en la región se decida el futuro del puerto y el modelo de gestión que optaría (si a través de una asociación público – privada, un consorcio regional o una concesión tipo tradicional, etc.). Lamento que hasta la fecha no haya una posición bien definida de parte de la presidencia regional sobre este tema, debería ser más claro y tajante.

• Mayor cercanía, comunicación y difusión sobre el tema Salaverry con sociedad civil, para juntos lograr la instalación de la Autoridad Portuaria Regional.

Trujillo, 19.11.09

Fuentes consultadas

Cámara de Comercio de Piura comunicado sobre concesión del Puerto de Paita; s/f
Dammert M., Carta Abierta de Manuel Dammert Ego Aguirre, (representante de los trabajadores portuarios ante la Autoridad Portuaria Nacional),
al Sr. Enrique Cornejo, Ministro de Transportes y Comunicaciones, 03 Noviembre 2009
Dammert Ego Aguirre: "Concesión del terminal portuario de Paita, constituye otro faenón" en Prensa UPP; 14 September, 2009 06:32:00
Guerrero De Luna, Renzo LA LIBERTAD. CAMINO A LA MODERNIZACIÓN: Concesión de Salaverry se concretaría en julio del 2010, 24 de septiembre de 2009 El Comercio.
La Primera PRIVATIZACIÓN DE SALAVERRY, 05.11.09
La República, Discrepancias por concesión de puerto de Paita; Mié, 08/04/2009 - 23:00
La República, Nueva protesta: ahora por concesión en Salaverry; Dom, 01/11/2009 - 08:37
La República, Lucha de ideas, SALAVERRY: EL MISMO MODELO DE PAITA, Oscar Felipe Ventura; www.larepublica.com
La República 27/03/2009 http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/20090327/12/14/todos/14
La Primera 10/09/2009 http://www.diariolaprimeraperu.com/online/economia/de-brazos-cruzados_45835.html
MACROCONSULT, Evaluación del impacto de las privatizaciones y concesiones en Perú 1990-2006 (Junio de 2009)
Paúcar J., "Monopolios pugnan por puertos", advierte sociólogo Manuel Dammert; S/f
PROINVERSIÓN, Ficha del Puerto de Salaverry, www.proinversion.com.pe
Programa televisivo “Hildebrandt a las 10”: